Unser Büro Wir Angebot seit10jahren.png

Honorarios

Según  nuestra filosofía, quien busca asesoría de un abogado no necesariamente debe pagar demasiado. Cualquier servicio tiene su precio, pero tiene que ser un precio que satisfaga ambas partes. Trabajamos conforme a las regulaciones de remuneración de abogados en Alemania (Rechtsanwaltvergütungsgesetz – RVG). En Alemania, la remuneración de un abogado está reglamentada por la ley RVG o puede ser negociada individualmente en un contrato de mandato entre el abogado y el cliente según el tiempo de trabajo (calculamos con un honorario básico de 150,- € por hora) o según un importe general.

Existen dos maneras diferentes de calcular los honorarios que un abogado recibe en Alemania por sus servicios jurídicos según nos encontremos frente a un proceso judicial (ante los tribunales o ante las autoridades o frente a la parte contraria) o extrajudicial.

I. Procesos Judiciales.

Hablamos de procesos judiciales en aquellos casos en los que el abogado representa a su cliente en relación con otras personas. En estos supuestos los honorarios se calculan según lo previsto en la Ley de Remuneración de los Abogados Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG). La RVG establece tarifas fijas recogidas en una tabla con diferentes intervalos calculados en función de la cuantía del litigio (Streitwert), que representa el interés específico del cliente y la responsabilidad con la que carga entonces el abogado.

El primer paso para calcular los honorarios es determinar la cuantía del litigio. La cuantía puede ser exacta siempre que el importe que una de las partes reclame también lo sea, por ejemplo pagar una indemnización de 10.000,- €. En este caso la cuantía es de 10.000,-.

Es más difícil por otro lado determinar la cuantía si el asunto y el interés del cliente se refiere a un valor inmaterial, como por ejemplo el valor de un matrimonio (en el caso de divorcio), de una admisión en la universidad, de un puesto de trabajo (en el caso del despido) o de una visa. En estos casos se mide el valor por ejemplo según el sueldo mensual o según un importe fijado en un convenio entre los tribunales. Por ejemplo, en los casos de divorcio la cuantía de la demanda se suele calcular multiplicando por tres los ingresos netos de cada cónyuge, en los casos de permiso de residencia y de petición de nacionalidad existe sin embargo una cantidad fija que no varía según el caso y que asciende a 5.000 € en el caso de la residencia y a 10.000 € en el caso de la nacionalidad, etc.

1. En los procesos civiles y administrativos los honorarios por procedimiento se rigen estrictamente por la tarifa 1,3 de dicha tabla. Esta tarifa cuenta con diferentes intervalos de cantidades que fijan cuales son los honorarios a pagar dependiendo de la cuantía total de la reclamación. Así, una vez calculada dicha cantidad, se debe tener en cuenta entre qué intervalos se encuentra la misma para saber cuales son los costes a pagar. Por ejemplo, si la cuantía total de nuestra demanda es de 250 € entonces se encuentra comprendida en el primer intervalo de la tabla ya que éste comprende cantidades de hasta 300 € (el segundo intervalo comprende cantidades de hasta 600 €, el tercero hasta 900 €, etc). Entonces si nuestra cuantía se encontrase en el primer intervalo de la tarifa 1,3, los honorarios por procedimiento serían según la tabla de 46,41 €.

2. Cuando nos encontramos ante un proceso extrajudicial en el que el abogado tiene que tomar contacto con terceros (por ejemplo: envío de un escrito al JobCenter o a la parte contraria) la cantidad a pagar se determina de nuevo teniendo en cuenta la tabla recogida en la RVG tomando como referencia el intervalo de la tabla en el que se encuentre comprendida la cuantía de la demanda. Pero en la determinación de dicha cuantía no se tendrá en cuenta solo la tarifa 1,3 como en los procesos judiciales sino todas las comprendidas en la tabla y según las circunstancias concretas de cada caso se aplicará una tarifa u otra. Esta cantidad ha calcularse además ex aequo et bono y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en concreto. Por ejemplo: la dificultad del trabajo (si se trata de una materia muy complicada, si el caso se desarrolla en una idioma extranjero diferente al idioma materno del abogado, si el abogado asume un cierto riesgo de responsabilidad, la importancia del caso, la situación económica del cliente, sus ingresos. 

Además de la tarifa 1,3 para los honorarios por procedimiento, en los asuntos civiles y administrativos pueden aparecer otros dos tipos de honorarios:

- Honorarios por vistas judiciales a una tarifa de 1,2.

- Honorarios por acuerdo: Si el abogado ayuda a alcanzar un acuerdo entre las partes, percibe unos
honorarios por liquidación, cuya tarifa en primera instancia es de 1,0.

3. En los procesos sociales y penales no se sigue la regla de la tabla sino que existe un derecho de máximos y mínimos que en el caso de los procesos judiciales se fijan entre 40 € y 460 €. Al igual que en los procesos judiciales, en los procesos extrajudiciales sociales y penales tampoco se tiene en cuenta la tabla sino los máximos y mínimos de los que hablabamos anteriormente, esta vez fijados entre 40,00 y 520,00 €.

II. Procesos Extrajudiciales.

Hablamos de procesos extrajudiciales en casos en los que el letrado no tiene que representar a su cliente ante las autoridades o ante la parte contraria. En tales casos cuando la actividad se desarrolla solo entre el abogado y el cliente (por ejemplo : elaboración de contratos, de los estatutos de una asociación, asesoramiento) los costes de nuestros servicios se calculan tomando como base la cantidad de 150 € por hora (+ IVA), así por ejemplo si la consulta dura media hora el recio a pagar será el 50% de 150, es decir 75 € (+ IVA).

 

III. Riesgo y seguro de protección jurídica.

Es importante resaltar que estos gastos de asistencia letrada solo han de pagarse en caso de resultar ser la parte perdedora del juicio, pues si fuera de otra manera esto supondría una situación de injusticia para la parte vencedora. Si bien existe también la posibilidad de contratar un seguro de protección jurídica (Rechtsschutzversicherung) mediante el cual en el caso acabar siendo la parte perdedora los costes serían
asumidos por la compañia aseguradora.